Diga NO a los intentos de estafa – Restablecimiento de pensiones por discapacidad.
Hoy se da un contexto propicio para que, personas inescrupulosas, intenten aprovecharse de la situación de vulnerabilidad, ofreciendo “gestiones”, “intermediaciones” o “aceleración de trámites” a cambio de dinero u otras contraprestaciones, lo que no corresponde. La normalización de los pagos se realiza conforme a los cronogramas habituales del organismo pagador, y alcanza a beneficiarios de todo el territorio nacional que se encontraban injustamente privados de un ingreso esencial para su subsistencia.
La Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo del Dr. Daniel Escobar Correa, informa que, superadas las instancias judiciales en el fuero federal, se logró el restablecimiento de las pensiones y beneficios por discapacidad que habían sido suspendidos, retenidos o dados de baja de manera masiva por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Como consecuencia del fallo judicial ferderal firme y de las resoluciones administrativas dictadas en cumplimiento de lo ordenado por la Justicia Federal, los beneficios comenzaron a abonarse durante el mes de diciembre de 2025, incluyendo los montos retroactivos correspondientes, de acuerdo con la fecha en que cada prestación hubiera sido interrumpida.
Advertencia por intentos de estafa y recordatorio a la comunidad
Este episodio, calificado como lamentable e innecesario, generó además un contexto propicio para que personas inescrupulosas intenten aprovecharse de la situación de vulnerabilidad, ofreciendo “gestiones”, “intermediaciones” o “aceleración de trámites” a cambio de dinero u otras contraprestaciones.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recuerda y enfatiza que:
Todos los trámites, consultas y gestiones vinculadas a pensiones por discapacidad son absolutamente gratuitos.
No se cobran tasas, honorarios ni ningún tipo de contraprestación, bajo ninguna circunstancia.
Las gestiones se realizan de manera personal y directa en la sede central de la Defensoría del Pueblo y en sus delegaciones del interior provincial.
Se solicita a la ciudadanía que, ante la presencia de personas que ofrezcan su mediación o soliciten pagos, se realice la denuncia inmediata ante la Defensoría del Pueblo, sus delegaciones del interior y/o la Policía de la provincia, dado que los procesos judiciales y administrativos ya se encuentran en etapa de ejecución y cumplimiento.
La normalización de los pagos se realiza conforme a los cronogramas habituales del organismo pagador, y alcanza a beneficiarios de todo el territorio nacional que se encontraban injustamente privados de un ingreso esencial para su subsistencia.
Un conflicto evitable y el rol de la Justicia
La suspensión de las pensiones se produjo en el marco de políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional, que derivaron en la interrupción de beneficios sin el debido proceso administrativo, sin notificación adecuada y sin respeto de los plazos y garantías legales vigentes.
La intervención judicial resultó determinante para reparar esta situación, ordenando la restitución inmediata de las prestaciones, con carácter retroactivo, y reafirmando que las auditorías en materia de discapacidad solo pueden realizarse conforme a la ley, con criterios claros, plazos razonables y pleno resguardo de los derechos de las personas afectadas.
Compromiso institucional
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de acompañar, orientar y proteger a las personas con discapacidad y a sus familias, garantizando el acceso igualitario a los derechos, el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales y la vigilancia permanente del proceso de pago hasta su total normalización.