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<\/p>\nEl gobernador de la provincia, El\u00edas Su\u00e1rez, firm\u00f3 este martes un decreto mediante el cual se establecen medidas de control, contenci\u00f3n y racionalizaci\u00f3n del gasto administrativo, con el objetivo de preservar el equilibrio fiscal y financiero del Estado provincial, en el actual contexto econ\u00f3mico.<\/p>\n
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La decisi\u00f3n se enmarca en la disminuci\u00f3n sostenida de los recursos provenientes de la coparticipaci\u00f3n federal registrada durante el a\u00f1o 2025, situaci\u00f3n que afecta a las finanzas provinciales. A ello se suma el escenario macroecon\u00f3mico vigente y las pol\u00edticas econ\u00f3micas nacionales, que inciden en la actividad productiva y en la capacidad de financiamiento de las jurisdicciones.<\/p>\n
El decreto dispone el fortalecimiento de los mecanismos de programaci\u00f3n, control y evaluaci\u00f3n del gasto p\u00fablico, estableciendo pautas obligatorias de austeridad y eficiencia que alcanzan a la administraci\u00f3n p\u00fablica centralizada y descentralizada, organismos aut\u00e1rquicos, empresas y sociedades del Estado, con el fin de garantizar previsibilidad en la gesti\u00f3n y la continuidad de los servicios p\u00fablicos.<\/p>\n
Entre las principales medidas, se establece la prohibici\u00f3n de nuevas contrataciones de recursos humanos, cualquiera sea su modalidad u origen de financiamiento, incluyendo programas con fondos nacionales o internacionales, as\u00ed como la restricci\u00f3n en la cobertura de vacantes y designaciones, con excepci\u00f3n de cargos pol\u00edticos espec\u00edficos. Asimismo, se limita el otorgamiento de horas extras, bonificaciones e incentivos, cuya eventual autorizaci\u00f3n quedar\u00e1 sujeta a la evaluaci\u00f3n de las m\u00e1ximas autoridades del Poder Ejecutivo.<\/p>\n
La normativa tambi\u00e9n dispone la prohibici\u00f3n del alquiler de veh\u00edculos y maquinarias, la restricci\u00f3n de convenios que impliquen erogaciones para el Estado provincial, la centralizaci\u00f3n y reducci\u00f3n de vi\u00e1ticos priorizando el uso de reuniones virtuales, y l\u00edmites estrictos a los gastos en promoci\u00f3n, propaganda y difusi\u00f3n oficial. Adem\u00e1s, se refuerza el control sobre fondos permanentes, subsidios, transferencias discrecionales y partidas presupuestarias especiales.<\/p>\n
En materia de obra p\u00fablica, el decreto establece que la contrataci\u00f3n de nuevas obras y la continuidad de aquellas que a\u00fan no cuenten con adjudicaci\u00f3n o contrato firmado ser\u00e1n evaluadas por el Poder Ejecutivo, garantizando la ejecuci\u00f3n de los proyectos vinculados a servicios esenciales como educaci\u00f3n, salud, agua y seguridad, as\u00ed como aquellos considerados prioritarios para la Provincia.<\/p>\n
Asimismo, la norma asigna responsabilidad directa a los funcionarios del Poder Ejecutivo, estableciendo que el jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados deber\u00e1n cumplir y hacer cumplir las disposiciones del decreto, bajo apercibimiento de incurrir en falta grave y la eventual instrucci\u00f3n de los sumarios administrativos correspondientes.<\/p>\n
El decreto tendr\u00e1 vigencia a partir del 10 de diciembre de 2025, por un plazo de 12 meses, con posibilidad de ser prorrogado por igual per\u00edodo o dejado sin efecto, total o parcialmente, si se superan las causas que motivaron su implementaci\u00f3n. Desde el Gobierno provincial se destac\u00f3 que estas medidas buscan asegurar una administraci\u00f3n responsable de los recursos p\u00fablicos, priorizando el impacto social y la continuidad de los servicios esenciales para todos los santiague\u00f1os.<\/p>\n
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