La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero adhiere al pronunciamiento de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que advierte sobre la falta de equidad en los procesos nacionales de concesión de la infraestructura vial, ferroviaria y de vías navegables, con especial preocupación por las consecuencias para las provincias del Norte Grande.
La declaración señala que los actuales esquemas de concesión priorizan los corredores de mayor tránsito y las redes que ya se encuentran operativas, sin contemplar mecanismos alternativos de inversión para las infraestructuras que quedan excluidas. Esta situación profundiza las desigualdades territoriales y compromete la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo de las regiones con menor desarrollo relativo.
En materia vial, ADPRA advierte sobre el deterioro de las rutas nacionales, la reducción de los recursos destinados a su mantenimiento y la falta de previsiones suficientes para garantizar la conservación de los tramos no concesionados. Asimismo, señala que la situación se extiende al sistema ferroviario de cargas y a las vías navegables, donde determinadas trazas y ramales estratégicos para la integración regional permanecen fuera de los esquemas previstos.
El pronunciamiento también pone de relieve el impacto de estas decisiones sobre las economías provinciales, los costos logísticos, la seguridad de quienes transitan las rutas y las posibilidades de integración entre localidades y regiones. En este contexto, advierte que trasladar a las provincias la responsabilidad de mantener tramos de rutas nacionales sin el correspondiente financiamiento representa una carga adicional para sus recursos.
Frente a este escenario, ADPRA solicita a las autoridades nacionales que transparenten los criterios utilizados para definir las concesiones, informen qué mecanismos de inversión se implementarán para la infraestructura excluida y establezcan planes de conservación con presupuestos y cronogramas de obras. Además, reclama que los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos se destinen efectivamente al sostenimiento y mejoramiento de la red de transporte nacional, con una distribución equitativa y prioridad para las regiones más postergadas.
La Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero acompaña este planteo, en defensa de un criterio federal que garantice condiciones equitativas de inversión en infraestructura, fortalezca la conectividad territorial y promueva el desarrollo equilibrado de todas las provincias argentinas.
La adhesión reafirma la importancia de que las políticas nacionales de transporte contemplen las necesidades de cada región y aseguren que la infraestructura estratégica constituya una herramienta de integración, seguridad y crecimiento, y no un factor que profundice las desigualdades existentes.